Torres-Dulce ha conseguido el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala a su propuesta de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y obstrucción o usurpación de las funciones de la justicia.

“Celebramos que funciona perfectamente la posibilidad de discrepar, que podamos discutir con un jefe y que, al final, funcione el procedimiento y resuelva el superior jerárquico”, apuntó el portavoz de la AF, Emilio Frías.

Asimismo, explicó que ahora los fiscales de Cataluña “tienen que acatar la orden”, pues eso sería lo “lógico”, aunque matizó que Torres-Dulce “podría designar a cualquier otro fiscal” para encargarse de esta cuestión.

DECIDE LA "CÚSPIDE"

Según subrayó Frías, la Junta de Fiscales de Sala, que acaba de respaldar la posición mantenida por el fiscal general del Estado, “es un órgano integrado por la cúspide de la carrera y está representado por los mejores fiscales o los que tienen mejores conocimientos jurídicos”.

Por su parte, el portavoz de la UPF, Álvaro García, manifestó que, “efectivamente, es bueno” que las discrepancias en torno a las acciones penales a iniciar en este caso se hayan resuelto mediante la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.

“Es saludable siempre que se activen los mecanismos estatutarios”, subrayó García, al tiempo que dijo que poco más se puede comentar sobre este tema, cuando “la cúpula de la carrera fiscal ha apoyado la decisión” del fiscal general.

El responsable del Ministerio Público convocó la Junta de Fiscales de Sala tras recibir el lunes una comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña en la que se indicaba que, por el momento, no procedía iniciar acciones penales contra los responsables de la consulta del pasado 9 de noviembre, a pesar de que Torres-Dulce había ordenado la presentación de la querella.