Según este sindicato de funcionarios, la decisión judicial de revocación, en contra del criterio inicial, hace ver que la decisión de los técnicos de la Junta de Tratamiento que votaron por el segundo grado "era la correcta y estaba ajustada a los postulados de las diferentes disciplinas científicas defendibles desde la libertad de cátedra y con imparcialidad política y respeto a los derechos de todos los internos”.

En un comunicado, CSI-F mantiene que los profesionales penitenciarios “no actúan desde la notoriedad o no de los reclusos”, aludiendo a palabras de Yuste, sino “conforme al interés público, la imparcialidad política y los principios deontológicos”.

Desde CSI-F apuestan por “el principio de igualdad, para que todos los internos sean tratados de la misma manera”, y exigen al secretario general de Instituciones Penitenciarias “el respeto a las decisiones sobre el tratamiento penitenciario, evitando la intromisión en las decisiones de los profesionales”.