Los ecologistas denunciaron la remodelación del caserío de la finca Cabañeros (propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol) y la construcción de una pista de acceso de 1,5 kilómetros en pleno corazón del parque nacional.

Además, también llevaron a la Fiscalía la construcción de una pista de acceso de 1,5 kilómetros en el parque nacional, además del vallado cinegético de más de 4,5 kilómetros (1,1 kilómetros de ellos dentro del espacio protegido) en la finca Valleleor, propiedad de la empresa Percacer, cuyo titular último es el empresario Alberto Cortina.

“Es inaudito que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y que todo el proceso de autorización esté plagado de sombras, cuando no de evidentes irregularidades”, señalaron.

Estas tres organizaciones ecologistas subrayaron que “en ningún caso” se debía haber autorizado “semejantes atentados ecológicos” y que en los procedimientos que han dado lugar a las obras “se echan en falta trámites esenciales para su resolución”.

Así, en las obras de la finca Cabañeros mencionan la falta de una evaluación de impacto ambiental, la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la ocupación de suelo público, en concreto de una vía pecuaria.

Y en el caso de la finca Valleleor, indicaron que la obra “se ha ejecutado sin licencia municipal, eximiendo la Junta de Castilla-La mancha al promotor de un procedimiento reglado de evaluación ambiental y ocultándose que el vallado afectaba al parque nacional”.

Según Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, el proceso de autorización de las obras es “bastante confuso e irregular” y pone de manifiesto “el escaso o nulo control que ejercen las administraciones competentes (Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Junta de Castilla-La Mancha) sobre las actuaciones que se realizan dentro de las fincas del Parque Nacional de Cabañeros”.