En un comunicado conjunto, las organizaciones empresariales apuntan que ya han presentado las “correspondientes alegaciones” al Tribunal de Cuentas, y añaden que “reiterarán” esta defensa en vía administrativa y judicial “si fuera necesario”.

Así, las patronales afirman que, “llegado el caso”, recabarían el “amparo que los tribunales de justicia ya les han otorgado con anterioridad”, ya que aseguran que “la gestión de los planes de formación siempre se ha realizado dentro de la más absoluta legalidad que en cada momento se establece”.

En este sentido, CEOE y Cepyme aseguran que “no puede entenderse” cómo el Tribunal de Cuentas considera ‘un desvío a empresas especializadas en formación –vía subcontratación- de la gestión de los fondos’, lo que “no es sino la utilización de un mecanismo expresamente previsto en la normativa aplicable, y por tanto, totalmente legal”.

Además, subraya que las contrataciones de dicha empresas de formación se hicieron “en todos los casos a los precios de mercado que en cada materia, ámbito territorial y temporal resultaron aplicables, que es el requisito material que exige la normativa aplicable”.