En un comunicado distribuido a los medios firmado por su director general, Enrique Corral, la Fundación Laboral de la Construcción subraya "la falta de rigor de dicha nota al manejar los conceptos de 'subcontratación de la actividad subvencionada' y de 'contratación de proveedores'".

Denuncia que la nota del Tribunal de Cuentas se ha difundido sin que el informe del que habla haya sido publicado y recuerda que la fundación tuvo conocimiento, el pasado mes de julio, del anteproyecto del citado informe en la parte que le afectaba y presentó las oportunas alegaciones al mismo. "Del informe definitivo, la única noticia que se tiene en este momento es la citada nota de prensa", agrega.

Respecto al contenido de la nota, especifica la fundación que la propia ley de subvenciones es bastante clara al definir qué se considera subcontratación de actividades subvencionadas y diferenciarla de la contratación de servicios con proveedores.

"Pero quizás se entienda mejor con un ejemplo: en una subvención para un plan de formación compuesto por diez cursos, se considera subcontratación el encargo a un tercero para la ejecución de uno o varios de esos cursos, pero no se considera subcontratación, por ejemplo, el alquiler de aulas a un proveedor o la compra de libros a otro", indica la fundación.

Enrique Corral explica que el plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010, para el que se recibió una subvención de 41,6 millones de euros, estuvo compuesto por un total de 5.458 cursos.

Para la ejecución de estos cursos, añade, la Fundación contrató servicios y materiales con más de 1.000 proveedores externos, por un importe de 32,8 millones de euros.

Asimismo, especifica que la Ley General de Subvenciones establece que el beneficiario de una subvención deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores cuando el gasto por adquisición de bienes de equipo o por prestación de servicios de consultoría o asistencia técnica supere los 12.000 euros, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Además, expone que, por otra parte, la Ley 43/2006 establece en su disposición adicional quinta que “en el ámbito de la formación profesional se considerará, a efectos de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que el beneficiario ha cumplido lo allí establecido cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a los criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta la formación a realizar y el ámbito en que ésta se desarrolla".

"En el caso del plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010", señala Corral, "hubo proveedores que facturaron más de 12.000 euros, respecto de los cuales se aportó memoria justificativa de la contratación, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 43/2006. Estos proveedores suman una facturación total de 12,2 millones de euros, que es la cifra a la que parece referirse la nota de prensa, a falta de conocer el informe definitivo".

La fundación continúa apuntando que el propio Tribunal de Cuentas plantea en su nota de prensa estudiar “la idoneidad de mantener esa excepción recogida en la Ley General de Subvenciones”, lo que significa admitir que su utilización es perfectamente legal.

La Fundación Laboral de la Construcción sostiene, por ello, que ha actuado siempre dentro de la legalidad y que ha intentado en todo momento utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, "lo que se puede inferir de la ejecución total del plan de formación subvencionado, con un total de 5.458 cursos y 86.411 alumnos certificados".

Por ello, afirma que no puede admitir las acusaciones de "desvío a empresas especializadas en formación -vía subcontratación- de la gestión de los fondos de formación" que se citan en la nota del Tribunal de Cuentas.

"Desde la Fundación Laboral de la Construcción, nos parece impropia de una institución como el Tribunal de Cuentas esta forma de proceder, lanzando a los medios de comunicación una nota de prensa sobre un informe de fiscalización que aún no se ha hecho público ni se ha dado a conocer a las partes implicadas o afectadas por el mismo", concluye.