Catalá comunicó esta decisión a los consejeros durante la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró este jueves en Madrid y a la que acudieron los distintos representantes autonómicos, a excepción del de Cataluña. El ministro ofreció diálogo y consenso a los consejeros para sacar adelante una serie de modificaciones legisativas.

En ese sentido, el titular de Justicia trasladó a sus interlocutores que la reforma de la Lecrim incluirá, además de acelerar los procesos por conducir borracho, mecanismos para agilizar los llamados “macroprocesos” y una mejora de las técnicas de investigación.

Además, el ministro informó a los consejeros de que el Gobierno central mantendrá los actuales partidos judiciales, aunque establecerá sistemas de reparto de la carga de trabajo entre los distintos tribunales.

DINERO PARA JUSTICIA GRATUITA

Además, Catalá dio cuenta en la Conferencia Sectorial de que, debido al limitado tiempo que queda de legislatura, quiere centrar sus iniciativas de reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en aspectos puntuales de la Lecrim.

Asimismo, respecto a la justicia gratuita, Catalá informó a los representantes de las autonomías que el Ministerio de Hacienda está estudiando la inclusión, en los presupuestos del próximo año, de una partida para ayudar a las consejerías a financiar los abogados de oficio. El Ejecutivo central dará este dinero tras las reformas legales que amplían los beneficiarios de la justicia gratuita y con ello el gasto de las Administraciones regionales.

En cuanto a la reforma de la LOPJ, explicó a los consejeros que la principal novedad del proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas será el mantenimiento de los partidos judiciales.

No obstante, afirmó que se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo entre los distintos tribunales, tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema en los actuales partidos judiciales.

Entre otras reformas legislativas pendientes, el ministro también se ha referido al Código Penal, que están en tramitación parlamentaria, el Estatuto de la Víctima y la ley de custodia compartida.

GESTIÓN PROCESAL COMÚN

Tras anunciar la intención de extender la Oficina Judicial al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional con la experiencia adquirida en aquellos lugares en los que ya se ha puesto en marcha. El ministro destacó la importancia de trabajar en colaboración con las comunidades autónomas en un sistema tecnológico moderno y encaminado a lograr un sistema común de gestión compartido por todos.

En este sentido recordó que se destinarán 55,5 millones de euros de los presupuestos del Estado con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal.

En cuanto al Registro Civil, el ministro indicó que de su gestiónb se encargarán los registradores, lo que no supone una privatización de este servicio, puesto que ests profesionales son funcionarios públicos. Asimismo, dio cuenta de que toda la reforma, que estará lista para julio de 2015, se realizará garantizando la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales.

El ministro aseguró que existe consenso en que el cambio en la gestión del Registro Civil no conllevará ninguna reducción de empleo público, ya que los funcionarios, fijos e interinos, serán reasignados a otros centros de trabajo.