La líder de la formación magenta, Rosa Díez, fue la encargada de presentar este paquete de medidas en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del partido.

Concretamente, la medida consiste en modificar de forma “puntual y urgente” los artículos 71.3 y 102.1 de la constitución Española, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, para “suprimir todos los supuestos de aforamientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico estatal”.

El artículo 71.3 de la Carta Magna establece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo será la competente de las causas abiertas a diputados y senadores.

El artículo 102.1 de la Constitución establece que la “responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible” ante esa misma sala del Alto Tribunal.

Rosa Díez señaló en la rueda de prensa que si PP y PSOE pudieron ponerse de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución en un tiempo récord, también puede hacer lo mismo ahora.

En su opinión, la gente siente que “hay una justicia para los cargos públicos y otra para el ciudadano común” y “sólo cuando vean que los políticos quieren ser tratados igual que ellos” comenzarán a recuperar la confianza que les retiraron.

Este plan recoge un total de 22 medidas de “emergencia”, que “deben aprobarse antes de finalizar este periodo de sesiones”, y otras de “urgencia”, que deberían estar listas antes de que acabe la legislatura.

Todas ellas se irán plasmando en una serie de iniciativas parlamentarias que UPyD presentará en el Congreso de los Diputados.

Las de emergencia, como la relativa al aforamiento, implican incluir en el Código Penal los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos y enriquecimiento ilícito de cargos públicos, dotar de fondos a la Fiscalía Anticorrupción, al Servicio de Inspección de la Agencia Tributaria, reformar la Ley Electoral y reforzar el Tribunal de Cuentas.

Las de urgencia pasan por eliminar los “privilegios procesales” de altos cargos, prohibir la “acumulación de cargos públicos y sobresueldos”, que los partidos políticos estén obligados a celebrar primarias, ampliar el catálogo de delitos imputables a un partido político y modificar el régimen de indultos.

Además, propone que en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 se incluya una dotación de fondos extraordinarios para combatir la corrupción.