El propietario de la nave siniestrada se encargaba de la importación, almacenaje y posterior venta de ataúdes provenientes de Colombia, siendo la actividad de la empresa ubicada en ella prácticamente nula.

El dueño del almacén había contratado el seguro de la empresa unos tres meses antes y pretendía cobrar la cantidad de 230.000 euros por la siniestralidad de la nave y de lo almacenado en su interior. En el incendio, uno de los ahora detenidos sufrió graves quemaduras.