Ambas organizaciones celebraron ayer la reunión anual de sus ejecutivas en la ciudad de Málaga donde analizaron distintos aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción, la inmigración, la violencia de género, la propiedad intelectual y la reforma procesal.

Entienden que se ha abierto "innecesariamente" un debate sobre la inmigración inspirado por el "populismo" y con claras "finalidades políticas", en virtud del cual se intenta crear "dos categorías de personas": los inmigrantes con residencia legal y los `sin papeles´.

La pretensión última, a juicio de las dos organizaciones, es que "se convierta en legalmente invisibles" a los inmigrantes ilegales, "a los que en función de nuestros intereses podemos negar incluso los derechos básicos de todo ser humano".

"Nuestras sociedad", continúan las conclusiones, "que los admitió cuando necesitaba fuerza de trabajo barata, pretende negarles ahora, en tiempo de crisis, los derechos básicos".

Según JpD y la UPF "se está renunciando a la ética frente al populismo y "nuestra sociedad, tan solidaria frente a las enormes desgracias en otro países, no puede negar su protección a los desposeidos del suyo. Pero, sobre todo, no puede abrir la puerta a posiciones xenófobas que lamentaremos más pronto o más tarde".

Las dos organizaciones progresistas abogan, además, por abordar reformas para incluir en el Código Penal delitos contra la Administración Pública y luchar contra la corrupción, ante la evidencia de que las lagunas legislativas en esta materia propicia "la impunidad de conductas muy graves".

En relación a la regulación de la propiedad intelectual, JpD y UPF puntualizan que la intervención protectora de la Administración ha venido tradicionalmente a salvaguardar los intereses generales o de grupos en situación de debilidad.

Y sin embargo, "en este caso se trata de defender los intereses de un determinado sector económico (la industria cultural) frente a ataques de particulares" y la regulación "pretendida pouede producir enormes conflictos jurídicos".