Tras hacerse eco de las quejas emitidas por los propios trabajadores de los centros escolares, la organización sindical hizo hincapié en la necesidad de proteger jurídicamente al colectivo para que pueda desarrollar su labor con “totales garantías de seguridad”.

“La enorme conflictividad generada en el ámbito de la Educación imposibilita que los servicios jurídicos propios de la Comunidad de Madrid puedan proteger a todos aquellos funcionarios docentes que se vean involucrados en un enfrentamiento con alumnos o sus familias”, señaló la organización a través comunicado.

CSIT afirmó que la Consejería de Educación paga una prima anual de 35.000 euros por la póliza de seguro de los docentes madrileños, la mitad de la licitación, cuyas cláusulas son desconocidas por muchos de estos trabajadores. “Las restricciones son tales, que en algunos casos, incluso, los profesores tuvieron que costearse de sus bolsillos los abogados; en otros, simplemente se les denegaba la posibilidad de efectuar una reclamación contra un tercero por estimarla inviable”, añadió el sindicato.