Así lo dijo, en declaraciones a Servimedia, el portavoz de SCC, Joaquim Coll, una vez que el Constitucional haya propinado otro revés a Mas, al admitir a trámite el recurso que la Abogacía del Estado presentó el pasado viernes, lo que lleva de forma automática a la suspensión de la consulta en virtud del artículo 161.2 de la Constitución española.

Según este representante de SCC, el nuevo proceso de participación ciudadana “era la continuidad en relación a la primera consulta”, por lo que consideró “previsible”, “lógico” y “consecuente” que el Constitucional haya tomado esta decisión y esta consulta haya quedado desamparada jurídicamente.

Asimismo, Coll dijo que espera que Mas y el Gobierno catalán “acaten y cumplan y hagan cumplir el auto del TC”. En este sentido, sostuvo que SCC tiene el convencimiento de que “así se hará” y dijo que espera “obediencia” por parte de Mas.

“No hay otro escenario posible”, dijo el portavoz de este colectivo, en alusión a la obligación del Gobierno catalán de cumplir las órdenes del TC. Por ello, agregó que SCC espera que desde el Ejecutivo autonómico “acaten la ley y que no busquen burlar los procedimientos”.

Por otro lado, se refirió al ‘plan B’ de la Generalitat, que contemplaría que los nacionalistas pidieran una implicación más directa a entidades independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural, para organizar este proceso de participación ciudadana. “Vamos a ver si este intento de trasladar a la sociedad civil que organice la consulta es una vía de escape, pero la pregunta y la duda es si Generalitat va a seguir implicándose”, reflexionó.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Ejecutivo central, avalado previamente por un informe del Consejo de Estado, en el que se determinaba la existencia de fundamentos jurídicos para plantear la impugnación del proceso. El Pleno del Constitucional consideró por unanimidad que el “proceso participativo” que promueven los partidos soberanistas para el 9 de noviembre está fuera de la ley, en línea con los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado.