La organización indicó en una nota que, en lo que se refiere a la subida interanual, con el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) de este octubre, el usuario medio paga un 3,4% más que en el mismo mes del año pasado. Además, desde agosto, las tarifas son más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero.

En concreto, Facua señaló que con las tarifas vigentes en enero de este año, el usuario medio pagaba 67,62 euros (un 16% menos que en enero de 2013); 66,33 en febrero y marzo (17,6% menos que en los mismos meses del año anterior); 63,98 en abril (14,4% menos que un año atrás); y 71,46 en mayo (4,4% menos).

Sin embargo, en junio el precio ascendió a 75,31 (0,7% más que en junio de 2013); 73,88 en julio (2,4% menos); 75,87 en agosto (un 1,4% más); 80,63 en septiembre (un 7,8% más) y 80 en octubre (un 3,4% más). Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los tres primeros meses del año incluyen el descuento aplicado con posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional.

De esta forma, en los diez primeros meses del año, el precio medio mensual por cada kWh consumido (impuestos incluidos) ha sido de 13,93 céntimos en enero; 12,76 en febrero; 12,76 en marzo, tras la refacturación; 12,12 en abril; 14,17 en mayo; 15,22 en junio; 14,83 en julio; 15,37 en agosto; 16,67 en septiembre y 16,50 en octubre.

En cuanto a las tarifas fijas por cada kW de potencia contratada, en enero estaba en 3,78 euros, el precio vigente desde agosto de 2013, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó una subida del 62,8% con respecto a los 2,32 euros establecidos desde abril de 2012. En febrero, el Gobierno volvió a subir la tarifa otro 17,9%, situándola en 4,46 euros por kW, con lo que “el incremento acumulado del precio del kW en poco más de un año ha sido del 92,2%”.

SENTENCIA DEL TJUE

La organización de consumidores reclamó al Gobierno “que ponga fin al oscuro sistema tarifario que ha puesto en marcha” y asuma la sentencia dictada el pasado 23 de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ella se indica que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que no ocurre en España. Así, los consumidores españoles podrían impugnar las tarifas de los últimos años.

Facua ya denunció el pasado abril al Gobierno de España ante Bruselas al considerar que la nueva fórmula para fijar las tarifas eléctricas vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.

Asimismo, la asociación demanda al Ejecutivo una intervención “contundente” en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética y “los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas”.

De igual forma, exigió una auditoría del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir “la puerta giratoria mediante la que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y los gobiernos.