Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó un Real Decreto para constituir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en una semana marcada por la ‘operación Púnica’.

“El equipo de trabajo lleva trabajando desde marzo y, en septiembre, se retomaron las conversaciones. Sería bueno que en noviembre se debatieran en el Parlamento, con las enmiendas que se considere oportuno para poder ponerlas en marcha”, afirmó.

La vicepresidenta del Gobierno justificó el retraso para arrancar la negociación con la oposición, después de que esta semana el PSOE anunciara su rechazo a un pacto con el PP, por la celebración de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo y por el proceso de renovación en el PSOE que concluyó con la elección de Pedro Sánchez el 13 de julio.

“Nosotros hemos hecho nuestra tarea y dimos todo el tiempo del mundo para que los órganos de otros partidos tuvieran la legitimación de los dirigentes”, afirmó en referencia a los socialistas, para insistir en que el Gobierno tomó medidas de regeneración democrática “nada más” llegar al Gobierno.

A partir de ahí, Sáenz de Santamaría defendió que el Gobierno “explicará” las leyes que están en tramitación parlamentaria, esto es, el Estatuto del Alto Cargo y la Ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, así como “las decisiones que puede tomar” y que “cada uno tomará sus decisiones”.

“A lo mejor no somos muy neutrales explicando lo de los demás”, afirmó tras la negativa del PP a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico sobre corrupción.

Interpeló por si “no será más oportuno que dentro de los partidos, se adopten las decisiones y se den las explicaciones oportunas y al Gobierno nos dejen poner en vigor las medidas”.

Al ser preguntada por si pide de esta forma explicaciones al PP, aseguró que sus palabras plantean que cada partido “tiene asuntos en que tomará sus decisiones” y apeló al “famoso asunto de las tarjetas”, al ‘caso de los ERE o a la ‘operación Púnica’. “Hay partidos que están decidiendo apartar a personas o no apartarlas. No me corresponde desde esta mesa”, dijo para insistir en que la corrupción es un asunto a “afrontar entre todos juntos”.

“AFECTA A TODOS”

Sobre por las responsabilidades de Esperanza Aguirre por presidir el PP de Madrid, partido al que pertenece Francisco Granados, uno de los supuestos 'cabecillas' de la ‘operación Púnica', así como cuatro alcaldes del PP madrileño, la vicepresidenta rechazó “entrar en responsabilidades políticas de los partidos”.

“No me corresponde “, dijo para insistir en que, “por desgracia”, la corrupción “afecta a todos”. Nosotros hemos adoptado muchas medidas en relación a la regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

En relación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estará constituido antes del 10 de diciembre, la vicepresidenta destacó que “regulará los fines, estructura y funciones” de la Ley de Transparencia aprobada en febrero e insistió en que tendrá “plena autonomía”.

Estará “articulada en torno a su presidente”, una persona que dijo será “de prestigio”, que tendrá un mandato de cinco años, será propuesto por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados y requerirá para su aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.

Además, lo integrarán un diputado, un senador y un representante del Defensor del Pueblo por lo que, defendió, “no hay duda de la implicación del Congreso”.