El recurso común que presentan los tres grupos parlamentarios es porque consideran anticonstitucional el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros del 1 de agosto. En él, se concede al Departamento que dirige Pedro Morenés un crédito extraordinario para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento, por importe de 883.655.368,60 euros.

En el recurso, argumentan que no era necesaria la iniciativa legal elegida por el Gobierno porque el monto del que habla “ni eran difícilmente previsibles, ni reúnen notas de excepcionalidad o gravedad” como para justificar un supuesto “de urgente y extraordinaria necesidad”, que es lo que sustenta un real decreto.

El portavoz socialista Diego López Garrido afirmó que estas partidas deben ser objeto de debate parlamentario porque el Ejecutivo, a su juicio, lo ha sustituido por un decreto ley “contrario a la Constitución”.

Álvaro Sanz, portavoz en Defensa de la Izquierda Plural ejemplifica la acción del Gobierno que “hurta al parlamento” de hablar de esta cuestión, momento de “excepción democrática permanente” en lo que se refiera a los asuntos de compra de material de defensa. “Prima, en el ámbito de la defensa, únicamente a la industria”, remarcó. “Más la política de un Ministerio de Armamento, que de Defensa”. Es “necesario someter a debate el modelo”, pero que se haga “con luz y taquígrafo”.

Por su parte, la portavoz de Defensa de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano, aseguró que “hoy es el día en que les hemos empezado a ahorrar a los ciudadanos miles de millones de euros” porque, con este recurso, se pone en “evidencia que este gasto absolutamente opaco y con numerosas irregularidades” se pone “bajo la lupa” de la Justicia.

Los tres parlamentarios se mostraron convencidos de que el Tribunal Constitucional les dará la razón y acordará la nulidad de la norma. Para el Gobierno, el suplemento de crédito atiende la deuda acumulada con proveedores como consecuencia de inversiones y planes industriales de alcance nacional e internacional en los que han participado los Ministerios de Industria y de Defensa.

Estos representantes parlamentarios han manifestado en reiteradas ocasiones su contrariedad con esta decisión del Ejecutivo porque esta partida no aparece en los presupuestos generales del Estado.

En sede parlamentaria, cuando explicó la partida de Defensa para 2015, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, indicó que se solicitó ese crédito y que no se contempló la partida en las cuentas de 2014 porque este Ministerio "no permite consignar" este gasto. Además, Argüelles avanzó que repetirán este año la dinámica "si las condiciones económicas lo permiten” y “se van a seguir con los créditos extraordinarios".

Sobre este aviso del secretario de Estado, López Garrido dijo que es una “desfachatez y una provocación” y anunció que este recurso es un “mensaje que no vamos a tolerar que sigan por ese camino”.

Lozano declaró que el Gobierno “tiene que saber que aunque numéricamente y matemáticamente tiene la mayoría absoluta, política y socialmente esa mayoría está quebrada, por lo que tiene que dejar de comportarse como si tuviera ese resoplado porque no lo tiene”. “En democracia uno no puede hacer lo que le da la gana aun teniendo mayoría absoluta”, remarcó la diputada magenta.

El diputado de IU apuntó que el recurso no contempla las razones de “excepcionalidad y de necesidad inmediata” que debe tener un real decreto y criticó la actitud “con total chulería” que adopta el Gobierno cuando dice que “van a seguir haciéndolo”.

El recurso -que requiere la firma mínima de 50 diputados- está presentado por un total 112 diputados, de los que 97 son del Grupo Parlamentario Socialista, entre ellos su líder Pedro Sánchez; 10 del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y los 5 del Grupo Parlamentario de UPyD.