Becerra manifestó a Servimedia que se trata de una "estafa" de carácter europeo, ya que aseguró que las indemnizaciones se están financiando "con el rescate europeo de la Cajas". Además, indicó que "en la trama hay afectados residentes en España originarios de varios países de la Unión".

"No solo se ha vulnerado la Directiva MIFID, sino que el instrumento creado para facilitar una solución a los afectados, el denominado proceso de arbitarje, conculca igualmente la Directiva de Protección de Consumidores sobre prácticas comerciales desleales", apuntó Becerra.

UPyD recordó que la directiva de 2004 impone a las entidades financieras una conducta comercial honesta e imparcial y asegurarse de los conocimientos del cliente antes de contratar un producto financiero determinado.

Por ello, la eurodiputada ha acordado con los afectados iniciar conjuntamente el proceso de traslación al Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, de la que es miembro y coordinadora del grupo ALDE, y convertir esta cuestión en prioritaria para la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo.

Según explicó, cualquier ciudadano de la Unión Europea, a título individual o conjuntamente, tiene el derecho a presentar una petición ante el Parlamento Europeo, un órgano consultivo pero con capacidad para apelar a la acción de las autoridades.

Esta petición debe recoger una queja relativa a la incorrecta aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición ante un asunto concreto a las instituciones europeas "en este fraude masivo", amparándose tanto en la Directiva MIFID, que considera “producto complejo” a las preferentes, como en las directivas de consumo que prevén que los clientes deben conocer los productos financieros que contratan.