Save the Children exige la prohibición del castigo físico de los padres hacia los hijos
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Save the Children exigió este miércoles al Gobierno que prohíba en el Código Civil el castigo físico de los padres a los hijos, “lo que sería un mensaje muy potente en contra de la violencia infantil en España”, que es una conducta con la que hay que tener “tolerancia cero”.
Así lo manifestó a Servimedia Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, que además compareció este miércoles en la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas del Congreso de los Diputados, donde reclamó además la aprobación de una ley integral para combatir la violencia contra los menores.
“Está socialmente aceptado que cuando el niño se porta mal se le puede pegar”, afirma Sastre, que asegura que es deber del Estado prohibirlo expresamente en el Código Civil, “puesto que se debe rechazar toda forma de violencia”.
Asimismo, esta experta afirmó que se tiende a pensar que violencia es solo maltrato físico, “pero la violencia contra los niños va más allá. Las humillaciones, los insultos, las amenazas, el abandono afectivo o la falta de cuidados también son formas de violencia”.
En este sentido, esta ONG criticó que en España la violencia contra los niños continúe siendo una realidad poco documentada. En su opinión, no hay ningún organismo de recopilación, análisis y gestión de datos sobre la violencia contra la infancia ni existe una definición de violencia que recoja todas sus formas, dejando fuera la violencia institucional o la ejercida a través de las nuevas tecnologías.
IMPORTANCIA DE LA LEY
Ante este escenario, Ana Sastre insistió en la necesidad de que se cree una Ley orgánica de medidas integrales para combatir la violencia contra la infancia que identifique las distintas formas de violencia, que además defina las situaciones de riesgo y promueva políticas de prevención e intervención ante situaciones de malos tratos.
De igual manera, Save the Children considera que la normativa debe reforzar las funciones del Observatorio de Infancia y establecer un sistema único y eficaz de recogida de datos y análisis, al tiempo que tendría que establecer un mecanismo obligatorio de evaluación de políticas de protección contra la violencia y rendición de cuentas periódico ante el Parlamento.
Pese a las lagunas informativas que denuncia esta ONG, los datos existentes ponen de manifiesto que todavía muchos niños en España son víctimas de malos tratos. Así, en 2012, último año del que se tienen cifras oficiales según explica Save the Children en un comunicado, el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recibió un total de 9.060 notificaciones de maltrato infantil, de las que un 54,4% corresponden a algún tipo de negligencia, un 24,4% a maltrato emocional, un 17,3% a maltrato físico y un 4,2% a abuso sexual.
(SERVIMEDIA)
29 Oct 2014
DMM/gja