Las víctimas eran captadas en su país con la promesa de trabajar en España en diversos establecimientos comerciales regentados por compatriotas. Hay nueve detenidos a quienes se imputa los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita y contra los derechos de los trabajadores.

Los investigadores adscritos a la Unidad contra la Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla detectaron un aumento en la oferta de servicios sexuales por parte de mujeres de nacionalidad china.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que detrás de ese incremento se encontraba un grupo dedicado a captar mujeres en China para posteriormente explotarlas en nuestro país.

Los investigadores calculan que han sido más de veinte mujeres de nacionalidad china explotadas por la organización, aunque no se descarta una cifra mayor tras el estudio de la documentación intervenida.

Los agentes lograron identificar a todos los integrantes de la organización así como el papel que desempeñaba cada uno de ellos en la misma. Unos se encargaban de la captación de mujeres en China, donde les ofrecían un puesto de trabajo en España como camareras en restaurantes y otros establecimientos regentados por compatriotas.

Una vez en España, eran recluidas en unos pisos de la organización, situados en el barrio hispalense de Nervión, donde eran controladas en todo momento por otras mujeres que formaban parte de la red.

Eran las encargadas de la custodia de las víctimas así como de todo lo relativo al ejercicio de la prostitución, como la publicación en la prensa de los servicios o el establecimiento de las tarifas a cobrar.

Cuando ya se había realizado el contacto con el cliente, y tras haber satisfecho la cantidad pactada, era derivado al piso donde se encontraba con la mujer designada para la prestación del servicio.

El dinero obtenido con esta actividad era ingresado en diversas entidades bancarias y luego transferido a un banco de China. Como resultado de la operación se han registrado cuatro inmuebles, tres de ellos en la ciudad de Sevilla y el cuarto en las Palmas de Gran Canaria, donde los agentes han intervenido varios ordenadores portátiles, teléfonos móviles, documentación bancaria, personal y laboral y 3.000 euros en efectivo.