Acebes, que estuvo ante el magistrado por espacio de una hora y sólo le respondió a él y al fiscal, aseguró que las responsabilidades políticas y económicas en el PP están separadas por mandato estatutario y que su gestión como secretario general se limitaba a los aspectos políticos, mientras que los económicos eran cosa del tesorero.

Así lo explicó al final de la declaración del dirigente del PP la abogada del sindicato Manos Limpias, que está personado en el caso como acusación popular, Virginia López Negrete.

Según su versión, Ángel Acebes reconoció haber mantenido una reunión con el expresidente de la emisora de radio, Alberto Recarte, en la que éste le informó de la ampliación de capital de la sociedad, pero negó haber dado orden alguna para que el PP comprara títulos.

El magistrado ha encontrado indicios para imputar a Acebes un delito de apropiación indebida en su modalidad de "comisión por omisión" por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación" de ampliación de capital de Libertad Digital, la radio liderada por el periodista Federico Jiménez Losantos.

Ruz sospecha que el antiguo número dos de la formación conservadora y exministro de Justicia e Interior autorizó el uso de 446.300 euros de la contabilidad 'B' entre 2004 y 2005 para comprar acciones de Libertad Digital y que los fondos con los que se compraron las acciones acabaron "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando la opacidad de los mismos".

Este mismo martes, el extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta, que estaba citado como imputado el primero para declarar ante el juez, aseguró que, en efecto, compró acciones de Libertad Digital pero lo hizo con su dinero, siguiendo indicaciones de la cúpula del PP, que tenía interés en que la ampliación de capital de la emisora fuera un éxito.

Lapuerta, de 87 años, hizo estas manifestaciones ante el magistrado a través de la lectura de una declaración que pidió adjuntar a la instrucción que desarrolla Ruz. El imputado se acogió a su derecho a no declarar porque, según dijo, “me sigue costando mantener un diálogo fluido”.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Acebes aseguró al juez que su cargo de secretario general del PP conlleva sólo la asunción de una responsabilidad política, mientras que la responsabilidad de la gestión económica recae en el tesorero y para avalar esta afirmación mostró al magistrado los Estatutos del partido para respaldar su afirmación.

Insistió en que durante su mandato siempre desconoció los detalles de la gestión económica y nunca supo nada de “contabilidad `B´, de sobres” o de cualquier gestión económica en el PP, siempre según la versión de la abogada de Manos Limpias.

Repartía así las responsabilidades dentro del PP y en relación a la supuesta contabilidad oculta insistió en que nunca tuvo conocimiento de algo semejante y argumentó que las cuentas de su partido están auditadas por el Tribunal de Cuentas.

Puso especial interés en dejar claro al juez que el Partido Popular tiene dos figuras diferenciadas, la del secretario general y la del tesorero, que “no son dependientes jerárquicamente”, o dicho de otro modo, que él, como `número dos´ del PP, no tenía control ni responsabilidad alguna sobre la gestión de Lapuerta.

Lo que sí reconoció es haber mantenido una reunión con Recarte, a petición del empresario, en la que le informó de la operación de ampliación de capital que iba a abordar Libertad Digital. Aseguró que esta reunión fue una más de las que como secretario general del partido mantenía con personalidades del mundo de la economía, la política o la sociedad civil.

Negó, sin embargo, haber comunicado al partido en alguna de sus reuniones formales algo sobre el contenido del citado encuentro, así como haber dado orden alguna a la formación política o algunos de sus miembros con carácter particular que sería aconsejable acudir a la citada ampliación de capital para lograr que fuera un éxito.

Tras Acebes declaran ya como testigos el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, el ex director general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García Nieto.