Catalá se refirió a este asunto en su intervención en una jornada sobre legislación concursal que se celebró este lunes en el Ministerio de Economía y a la que asistió, también, el titular de este departamento, Luis de Guindos.

En este sentido, el responsable de Justicia aseguró, para conseguir la modernización de la legislación concursal, trabajará “mano a mano” con Economía y contará con la colaboración de la Comisión General de Codificación, al tiempo que tendrán en cuenta las aportaciones que hagan los jueces de lo Mercantil.

Asimismo, Catalá, según informó su ministerio, hizo un repaso a la Ley Concursal aprobada en 2003, cuando él era secretario de Estado de Justicia y lamentó que este esfuerzo innovador no tuviera continuidad en las legislaturas siguientes.

NUEVOS CAMBIOS

Asimismo, el ministro se refirió a que la actual legislación ha sido sometida a tres reformas concursales: la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; el real decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; y el real decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

En este sentido, el responsable de Justicia anunció que ya ha iniciado las conversaciones con expertos para que, durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del último real decreto ley -el 11/2014-, se incluyan los ajustes necesarios para mejorar la legislación vigente.

Entre las modificaciones figurarán las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea a los Estados miembros o las efectuadas por el Fondo Monetario Internacional.

A grandes rasgos, se trata de conseguir que los acuerdos de refinanciación como los acuerdos extrajudiciales de pagos superen los obstáculos e incertidumbres que padecen, al tiempo que se busca simplificar y agilizar los procedimientos.

También se pretende mejorar la administración concursal, para lo que Justicia ya ha aprobado el real decreto por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y garantía equivalente de los administradores concursales y el Real Decreto del Registro Público Concursal.