Además de estos alcaldes también han sido objeto de detenciones policiales a cargo de la Guardia Civil el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, que fue el sustituto de Isabel Carrasco, tras su asesinato y el 'número dos' de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

Todos ellos están entre los 51 responsables políticos detenidos hoy dentro de la macroperación llevada a cabo contra la corrupción municipal en Madrid, Valencia, Murcia y León. También han sido detenidos dos `conseguidores´ de contratos irregulares, David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca, y un guardia civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado.

El juez investiga si los responsables municipales cometieron delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Fuentes jurídicas indicaron que se investiga una trama “organizada” que usaba influencia políticas y para introducirse en la Administración pública a todos los niveles, desde los ayuntamientos, hasta las diputaciones y las comunidades autónomas, para conseguir la adjudicación de contratos y servicios públicos.

A continuación, esta trama blanqueaba los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que, a su vez, les servían para conseguir los servicios y los contratos citados, contraviniendo las normas de libre concurrencia.

La investigación revela que hay implicados políticos y funcionarios públicos y que los contratos irregulares ya no están relacionados el negocio del ladrillo, sino con la adjudicación de servicios públicos. Se investiga, por ejemplo la adjudicación de varios contratos por servicios de eficiencia energética en varios de los municipios investigados.

En principio, fuentes de la investigación creen que estos casos de corrupción no están relacionados con la financiación irregular de los partidos, sino que más bien se trata de acciones individuales de los ediles que, ante la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2015, querían garantizarse unos ingresos por si resultaban perdedores y tenían que abandonar sus cargos.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción desvela que David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca actuaban de enlace entre las empresas y las Administraciones. El caso se comenzó a investigar a instancias de un Fiscal suizo que en diciembre de 2013 envió a Anticorrupción datos de cuentas de dos personas en el país helvético.

Esas cuentas constaban a nombre de Granados y Marjaliza. Las autoridades suizas procedieron a bloquearlas y comenzaron una investigación por blanqueo de capitales agravado, por el que iba a llamar a declarar a la mano derecha de Aguirre.

Estos datos se remitieron a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación durante seis meses y que cerró en junio de este año, tras lo cual se denunciaron los hechos a la Audiencia Nacional, donde se hizo cargo de la instrucción el magistrado Eloy Velasco, que pretende aclarar el origen de ese dinero.