La operación desarrollada en las últimas horas ha contado con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, la Policía Judicial y el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO), que han llevado a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías.

En principio las provincias y regiones afectadas por la investigación son, según informó la Fiscalía Anticorrupción, la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia. En ellas se podría haber detectado la connivencia de ediles municipales y funcionarios con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos.

Se sospecha que hubo concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, que han estado asegurando a los empresarios el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado de 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años. Como contrapartida, los responsables políticos habrían cobrado comisiones ilegales, a costa de las haciendas municipales y autonómicas.

Uno de los detenidos este lunes por la Guardia Civil es Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid. Granados fue alcalde de Valdemoro y exconsejero Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Madrid cuando el mismo estaba presidido por Esperanza Aguirre.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La investigación se inicio gracias a la cooperación internacional, en enero de este año, con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo, que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil.

En un plazo breve, las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía presentaron una detallada querella ante el magistrado de la Audiencia Nacional, quien incoó diligencias en junio de este año por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

A partir de esa fecha, el juzgado comenzó la investigación que hoy ha culminado con la práctica de numerosas diligencias orientadas a la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos.

En concreto, 51 personas han sido detenidas en Madrid, Valencia, León y Murcia y se han librado 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas, en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además, el juez se ha cursado otros 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores y cualquier otro producto, con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.

De igual modo, se han ordenado 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. Las diligencias se están practicando en el día de hoy y continuarán en días sucesivos. El juez ha decretado el secreto del sumario.