Así lo dijo en una entrevista a RNE recogida por Servimedia, en la que el titular de Justicia valoró de esta manera la consulta alternativa que pretende celebrar Mas el 9-N para preguntar a los catalanes por una posible independencia de esta autonomía, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el decreto y la ley de consultas catalana que avalaban el referéndum originario.

“Nos parece que puede haber un cierto fraude de ley, en el sentido de que se pretenda conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo”, aseguró Catalá, al tiempo que subrayó que su departamento está estudiando las actuaciones que se están llevando a cabo en la preparación en este proceso de participación ciudadana.

En esta línea, el ministro dijo que “sería absolutamente insostenible” que Mas quiera conseguir ese “resultado prohibido” y “equivalente” al de la consulta suspendida y, por ello, explicó que se está analizando la situación que se viene desarrollando y, si el Ministerio considera que existe “material suficiente”, se presentarán de nuevo impugnaciones ante estas actuaciones.

PROCESO “GRAVEMENTE ANTIDEMOCRÁTICO”

Asimismo, Catalá añadió que “son públicas las peticiones de coordinación a los directores de centros escolares, a los ayuntamientos y a los funcionarios” y, en este sentido, anunció que la Abogacía del Estado está estudiando la “materialidad jurídica que aportan estos documentos para que tengan suficiente fuerza probatoria”.

Igualmente, recordó a Mas que la “primera obligación” de los gobiernos es “resolver los problemas de los ciudadanos” y le indicó que a eso debería dedicar sus esfuerzos. Además, remarcó que el Gobierno de Mariano Rajoy siempre ha mostrado su “mejor disposición” a colaborar con el Ejecutivo catalán y que la voluntad de “colaboración y diálogo” es “permanente”.

Por último, el ministro del ramo hizo hincapié en que no ve “garantías democráticas” en la nueva consulta soberanista popular, puesto que “no hay censo electoral, no hay control del procedimiento, no hay control del recuento…”. Por ello, arguyó que este proceso es “gravemente antidemocrático”.