Así lo señaló la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que ambas propuestas de impugnación tienen lugar tras haber recibido el Ejecutivo el dictamen favorable del Consejo de Estado.

En concreto, la impugnación se plantea con invocación del artículo 161.2 de la Constitución Española, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren una vez que ha sido admitido por el TC, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria y de cualquier actuación vinculada a la consulta.

De esta forma, el Ejecutivo recurre ante el órgano constitucional los dos decretos sobre la consulta canaria elaborados por el Gobierno de Paulino Rivero. Estos son el decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el decreto 107/2014, de 2 de octubre, del presidente canario, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa.

El Ejecutivo canario convocó la consulta sobre las prospecciones petrolíferas para el próximo 23 de noviembre, bajo la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Sáenz de Santamaría explicó que el Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones, si bien es a la Abogacía del Estado a la que le corresponde su registro ante el Tribunal Constitucional.

Así, la vicepresidenta dijo no poder la ficha concreta del recurso, si bien “la petición de impugnación ya está firmada”, y llamó a hacer una “reflexión” sobre las competencias del asunto.

En este sentido, insistió en que estas prospecciones son competencia estatales y subrayó que se trata de un referéndum “que tiene que autorizar el Estado y sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado”. Sobre esas competencias “no hay capacidad de negociación”, apostilló la vicepresidenta, quien apuntó no obstante que la comunidad canaria “tiene sus competencias, nosotros respetamos su autonomía, y en el marco de sus competencias puede tomar las decisiones que estime oportunas”.

LOS SONDEOS, EN NOVIEMBRE

Por su parte, desde Repsol rehusaron referirse a la decisión del Consejo de Ministros, y se limitaron a recordar que la petrolera cuenta con todos los permisos del órgano competente, el Ministerio de Industria, según señalaron a Servimedia fuentes de la compañía. Además, estas fuentes recordaron que hay varios autos del Tribunal Supremo favorables al proyecto, por lo que el proceso para iniciar los sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote “sigue adelante”, y la idea es iniciar las operaciones a finales de noviembre, ya que por el momento el barco encargado para ello continúa todavía en Angola.