El informe trata aspectos como el marco legal y jurídico, las ayudas públicas a la prensa o la protección del periodista, entre otros.

El director general de la Fundación, José María Román, manifestó en rueda de prensa que los resultados del informe invitan a seguir trabajando y conseguir la excelencia.

“Nuestro objetivo es conseguir que el informe se convierta en un termómetro que mida cómo está la libertad de expresión en España y que sirva para que la sociedad esté informada y pueda exigir y defender sus derechos”, explicó Román.

Según el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Elviro Arganda, los tribunales continúan en la misma posición que el año anterior ya que, en muchas ocasiones, dan prioridad al derecho de protección del honor, intimidad y propia imagen antes que a la libertad de expresión.

Por su parte, el director del Observatorio de la Libertad de Expresión de la fundación, Justino Sinova declaró que “actualmente existen límites de la libertad de expresión que se sustentan únicamente en razones políticas de oportunidad, es decir, que debido a las ayudas que los medios de comunicación reciben por parte de las instituciones públicas éstos deben tomar una actitud determinada a favor de la administración de turno, lo que supone que se vean secuestrados".

Sinova declaró que “el problema no son las ayudas que se dan a los medios de comunicación, sino que no se sabe cómo es esa ayuda, cuáles son y en qué se invierten”.

El informe versa también sobre la situación de Internet, ya que según explicó el doctor en Derecho por la UNED Ángel García Castillejo, “Internet es un escenario desconocido que ofrece multitud de oportunidades de expresión y creación de medios y que permite que los usuarios se conviertan en comunicadores”.