En respuesta a este criterio, Pagés ha entregado a la ministra un informe jurídico con numerosos argumentos que defienden la aplicación de un régimen diferenciado para la uva de vinificación frente aquella destinada a consumo como fruta fresca, de modo que se pueda abonar a 60 días al ser un producto no perecedero.

Apoyado en este informe, el presidente de los bodegueros ha subrayado que la uva para vinificación no debe ser considerada fruta para consumo directo, ya que está en fase de transformación desde que se corta de la cepa y, por tanto, debe tener un tratamiento diferenciado.

Una diferenciación que, según la FEV, ya hace el Código Alimentario Español y que también se produce en otro de los principales países productores de vino del mundo, Francia, donde su normativa distingue claramente entre productos alimenticios perecederos, por un lado, y las uvas de vinificación por otro, recibiendo distinto tratamiento en cuanto a los plazos de pago.

Además, Pagés ha destacado durante la reunión que el sector del vino es una cadena en la que algunos eslabones reciben mucho más carga financiera que otros, como es el caso de las bodegas, que se ven obligadas a pagar la uva a 30 días mientras que su producto puede estar de media más de tres años en la bodega como existencias antes de alcanzar los distintos niveles de crianza necesarios para poder venderse.