"Las imágenes no pueden ser más terribles”, aseguró en un comunicado Judith Sunderland, investigadora principal para Europa Occidental de Human Rights Watch. "El Gobierno español tiene que llamar a un cese inmediato de estas actuaciones abusivas y la Fiscalía tiene que investigar este horrible caso. Hasta que el caso haya sido investigado a fondo, la Guardia Civil debería retirar de la frontera a los agentes implicados”.

Para Human Rights Watch, estos agentes que han participado en un uso “injustificado y desproporcionado de la fuerza”, “deben ser expedientados y, en su caso, juzgados”.

La ONG pide a España que erradique las devoluciones “en caliente” de irregulares y reclama a la Comisión Europea que tome medidas contra el Ejecutivo de Madrid “por incumplimiento de la legislación comunitaria”.