En el escrito presentado ante el Ministerio Público, que firma el portavoz de UPyD en Cataluña, Ramón de Veciana, se asegura que Mas pretende burlar la suspensión de la consulta del 9-N que acordó el Tribunal Constitucional.

El partido de Rosa Díez sostiene que el “proceso de participación ciudadana” tiene como “finalidad última” celebrar una votación con “idéntica pregunta” a la de la consulta suspendida por el Constitucional, que pedía a los catalanes que se pronunciasen sobre si quieren tener un Estado propio.

Según UPyD, se pretende así excluir la “suspensión taxativa” que el Alto Tribunal acordó respecto al hecho de que Mas pretendiera que sus conciudadanos se pronuncien sobre la independencia, ya que afecta al marco constitucional español.

DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS

A este respecto, la formación magenta sostiene Mas, además de estar prevaricando, puede hacer cometido un delito de coacciones, ya que el pasado 16 de octubre convocó a los directores de institutos catalanes para solicitarles que colaborarán en la votación del 9-N.

A juicio de UPyD, en esta reunión “si intimidó” a los directores, ya que se les dijo que “necesitaban voluntarios” para el proceso participativo y se les pidió que buscaran estos colaboradores para la votación entre “profesores, padres y personal no docente”.

Según el partido de Rosa Díez, a pesar que el responsable del Departamento de Enseñanza les habló “del carácter voluntario de la participación del personal de los institutos, simultáneamente se les enfatizaba ‘que era pertinente hacerlo y que, en cualquier caso, si alguien se postula como voluntario hay que informar’”.

Por este motivo, los denunciantes reclaman a la Fiscalía que “realice todas las actuaciones pertinentes para que se restaure la legalidad, se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspensión de la consulta secesionista” y “se impidan la ejecución del fraude de ley mediante la convocatoria” del 9-N.

Además, UPyD pide que “se garanticen y protejan los derechos y libertades de los funcionarios que se están conculcando por parte del Presidente, el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña en el impulso de un llamado proceso de participación ciudadana”.