Hernando comenzó su intervención recordando unas declaraciones del actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando aún era alcalde de Hospitalet de Llobregat, en las que mostraba su preocupación por que el aumento de inmigrantes genere "inseguridad" en los ciudadanos nacionales.

El PP solicitaba hoy en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia urgente de Corbacho sobre la situación generada por la negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar a los inmigrantes irregulares.

Según Hernando, Corbacho se resiste a acudir al Parlamento para no abordar el "problema brutal" que tienen los ayuntamientos al contar cada vez con menos fondos estatales para afrontar la prestación de servicios.

El PP insistió en que los ayuntamientos están obligados a empadronar y exigió al Gobierno que cumpla también con su obligación de repatriar a las personas sin documentación. Pero además, denunció que el actual sistema "favorece la ilegalidad" y establece el principio de "papeles para todos", aunque formalmente descarte las regularizaciones masivas.

Hernando criticó el "arraigo" como "un sistema endiablado", puesto que "si uno consigue estar 3 años en la clandestinidad, consigue papeles, y si ha sido explotado por alguien sin escrúpulos se le acorta el período de espera a 2 años".

El resultado, a su juicio, es "un sistema incongruente" y una normativa "chapuza" que no tiene en cuenta que el sistema de protección "tiene límites" y que con esta legislación se promueve la economía sumergida.

En nombre del PSOE, Esteve reconoció que el equipo de gobierno de Vic "no ha atinado" y defendió la reflexión de Corbacho sobre la inmigración porque, en verdad, "es un tema complicado".

La diputada socialista criticó la demagogia de los populares que "nunca pusieron en cuestión" un sistema de "arraigo" que ya estaba en la legislación sobre inmigración cuando gobernaba José María Aznar.

RUIDO Y XENOFOBIA

Tachó de "mentira" el que la actual normativa facilite "papeles para todos" y acusó al PP de contribuir al "ruido y la xenofobia" en vez de contribuir a las convivencia.

Esteve explicó que bajo el Gobierno del PP, España estaba a 7 puntos en gasto social medio de la UE, y pese a estar en fase de expansión económica "ustedes no aprovecharon para fortalecer los servicios públicos", ni dijeron a los ciudadanos que "necesitamos a los inmigrantes para sostener nuestro sistema de bienestar".

Por ello, retó a los populares a que digan "públicamente que van a negar ayudas básicas a los inmigrantes" y en caso de que no lo hagan les pidió "reflexión y silencio".

En nombre de IU, Gaspar Llamazares consideró que lo ocurrido en Vic es un asunto "puntual que tiene que tener respuesta puntual" porque en España "la tónica general es la democracia y la tolerancia, y no el racismo y la xenofobia".

A su juicio, esta polémica anticipa la confrontación de las elecciones municipales con "un mal debate" en el que no le toca explicarse al ministro de Trabajo e Inmigración, sino a los titulares de Interior, Justicia y Política Territorial.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, rechazó la petición de comparecencia por "inoportuna y extemporánea" en un día en que el Ayuntamiento de Vic "acaba de anunciar que da marcha atrás".

Hoy, dijo, se debate este asunto para impulsar una polémica con la que el PP trata de "confundir las cosas" y de ver avales a "políticas que no compartimos en absoluto" con claros tintes demagógicos y con "fines electoralistas".

Josep Sánchez Llibre, de CiU, el partido del alcalde de Vic, insistió en que el edil "no se ha retractado ni ha dado marcha atrás porque en ningún momento ha tomado una decisión, sino que planteó una consulta".

Entiende Convergència que existen "lagunas legislativas" e incluso "contradicciones" que han propiciado el debate del empadronamiento e insistó en que es "necesario ponerlo sobre la mesa" y, sobre todo, dotar a los ayuntamientos de recursos suficientes para afrontar la prestación de servicios.

Emilio Olabarría, en representación del PNV, recordó que la ley es clara a la hora de establecer el empadronamiento obligatorio de todos los vecinos de un municipio y anunció su voto en contra de la comparecencia por entender que una decisión como la de Vic sólo puede estar inspirada por "la frivolidad" o con el objetivo de "iniciar una operación de mayor calado".

Por el BNG, Francisco Jorquera, aventuró que la intención del PP es "aprovecharse" del conflicto y respaldar la teoría de algunos vecinos que atribuyen a la llegada de inmigrantes la "depauperación de los servicios públicos".

Para la portavoz de CC, Ana Oramas, negar el empadromamiento a los inmigrantes ilegales es "absurdo" porque aunque un ayuntamiento no quiera, esas personas van reclamar servicios que no se les pueden negar.