En un comunicado, la Fadsp denunció también que impedir su empadronamiento implica una “situación inaceptable para una adecuada política de Salud Pública”, pues supone de hecho aceptar la existencia de un contingente de población que vive en el país del que se desconoce su situación sanitaria.

Esto dificulta la aplicación de las oportunas medidas básicas de salubridad y control epidemiológico”, añadió.

Además, la Fadsp criticó que tal decisión sitúa a estas personas en desamparo ante la enfermedad y les priva de servicios y medidas preventivas y asistenciales, que, por otra parte, pagan vía impuestos tipo IVA cada vez que consumen en España.

A su juicio “pone de manifiesto la categoría moral de algunos políticos, mas interesados en su propio posicionamiento de cara a la contienda electoral” que en los ciudadanos”.

Por ello exigimos “el cese de esta demagogia que promueve la exclusión y la marginación carente de todo sentido”, concluyó la Fadsp.