El Ejecutivo informa a la diputada popular Susana Camarero, quien se interesaba sobre este dato a través de una pregunta parlamentaria por escrito, de que las autoridades españolas concedieron esta orden de protección a 4.012 mujeres extranjeras.

En este mismo periodo, tal y como consta en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violenca Doméstica, 196 varones inmigrantes se beneficiaron de la misma medida prevista para proteger a quienes sufren malos tratos en el entorno familiar.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer semestre del año se solicitaron 20.271 órdenes de protección, de las que los jueces acordaron conceder 15.330, el 76 por ciento del total.

La orden de protección permite a los jueces de guardia acordar, en función de la gravedad de los hechos, medidas cautelares de carácter penal, que van desde la prisión provisional, la prohibición de aproximación, de residencia o de comunicación a la retirada de armas.

Asimismo, a petición de la víctima, pueden acordar otras medidas civiles provisionales como el uso y disfrute de la vivienda familiar; la determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, o el régimen de prestación de alimentos, entre otras medidas.