Con esta acción, el colectivo del taxi quiso mostrar su rechazo a un negocio “que pone en peligro a un sector del que dependen 120.000 familias en España, a través del fomento de la economía sumergida, el fraude fiscal y la competencia desleal”.

“La Comunidad de Madrid les dio la oportunidad de demostrar que operaban de forma legal, presentando las licencias y los permisos requeridos, y no lo hicieron porque no disponen de ellos”, argumentó Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. “Si cabía alguna duda sobre la legalidad de Uber, esta es la prueba definitiva”.

Además, aunque celebran que la Administración madrileña haya abierto un expediente a la empresa y anunciado que sancionará a los conductores con multas que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros, y la inmovilización del vehículo en caso de reincidencia, le pidieron “ser rigurosos y ágiles” en la tramitación de estas sanciones.

“La Comunidad de Madrid se ha comprometido a cerrar en un plazo de cuatro semanas cada proceso legal que se abra, y esperamos que efectivamente no se demore más, ya que en Barcelona están tramitando ahora denuncias del mes de abril”, explica el presidente de la FPTM. “No queremos que las denuncias se duerman en los despachos”, añadió.

Asimismo, instó a la Administración a que realmente controle y persiga a estos conductores que considera ilegales, ya que “lo que no queremos hacer, es salir nosotros a vigilar esta actividad. No es nuestro cometido, nosotros sí pagamos unos impuestos para que el Estado garantice nuestros derechos”.

Por esta razón, los taxistas exigen a la Administración madrileña que al igual que se hizo en determinadas ocasiones con algunas emisora de taxi, se solicite a Uber el listado de conductores y clientes para hacer efectivas las correspondientes sanciones.

Además, informaron de que estas denuncias no deberían ser sólo competencia de la Consejería de Transporte, sino también de Economía y Hacienda, “dado que se trata de una actividad ilegal que no tributa”; de la Seguridad Social, porque los conductores nos están adscritos a su régimen, y de la Dirección General de Tráfico, al no poseer ningún tipo de carnet que les habilite para el transporte de viajeros”.

A NIVEL ESTATAL

Mientras la Comunidad de Madrid anunció que emprenderá acciones legales contra esta compañía y sus conductores, la Administración central sigue sin mostrar una postura contundente ante el problema, según los representantes de los taxistas.

Los taxistas madrileños dijeron no entender por qué el Ministerio de Fomento siga permitiendo esta actividad, que amenaza a un sector que aporta al Estado 855 millones de euros anuales en forma de impuestos directos. “Mientras la Administración se reúne para valorar estas acciones, Uber ya ha anunciado que antes de que finalice el año estará presente en otras ciudades españolas”, denunció Sanz.

“No queremos ser un colectivo en estado de guerra, pero no nos están dejando otra alternativa para defender nuestros puestos de trabajo. Salir a la calle es lo único que nos queda y vamos a seguir haciéndolo hasta que se tomen medidas”, aseguró Sanz.