Catalá hizo estas manifestaciones a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entregará hoy los premios anuales a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género, que en su décima edición han sido concedidos a la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.

En declaraciones a los periodistas, el titular de Justicia reiteró que el planteamiento de la doble pregunta “tiene visos de inconstitucionalidad y por eso la impugnamos”. Esa es la razón por la que “esa misma pregunta no podría ser objeto de consulta” y desde el Gobierno central “volveríamos a actuar de la misma manera”.

Si como ha anunciado el presidente catalán, la fórmula que utilice para recabar la opinión de los catalanes incluye la formulación de las mismas preguntas que pactaron los partidos proreferendum “el planteamiento de la Abogacía” que “planteó el recurso autorizado por el Gobierno” volvería a tener “una posición equivalente”, detalló el ministro.

Artur Mas anunció esta mañana que no celebrará el referéndum en los términos previstos en la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento catalán y suspendida por el Tribunal Constitucional.

En su lugar, el presidente de la Generalitat propone un difuso “proceso participativo” en la calle que, al parecer, utilizaría la misma pregunta doble prevista para el referéndum. Una fórmula que no aceptan ni ERC ni las CUP.

El Gobierno recurrió la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N, lo que motivó la suspensión de ambas por el Tribunal Constitucional (TC). Catalá explicó que la pretensión del Gobierno ha sido siempre "mantener el respeto absoluto al Estado de Derecho y al marco constitucional". Ese criterio dio lugar a la decisión de impugnar la Ley de Consultas y el decreto ante el Tribunal Constitucional.

"Pensamos que son una Ley y un Decreto que no corresponden a nuestro equilibrio constitucional", aseguró a los periodistas antes de decir que si se utiliza "otro entorno jurídico, una consulta distinta, que se tendrá que articular con otra norma que tendrá que aprobar el Gobierno catalán", los servicios jurídicos del Estado lo estudiarán.

"Si es conforme a las competencias de la Generalitat no habrá problema, y si vuelve a incurrir en vicios de inconstitucionalidad, a nuestro juicio, volveremos a impugnarlo lógicamente", concluyó.