Pedraz abrió esta investigación el pasado 1 de octubre tras declararse competente para investigar una querella interpuesta por Podemos y Guanyem Barcelona contra la familia Pujol. El juez acordó la admisión a trámite de las querellas pero exigió que ambas organizaciones ejerzan una única acción popular conjunta junto con ICV en relación a las actividades comerciales de Oleguer Pujol, con un abogado un procurador únicos y tras el depósito de una fianza de 6.000 euros por la formalización de la personación.

El juez acotaba la investigación a los hechos derivados del uso de ocho millones de euros procedentes de las Islas Vírgenes, pero de origen desconocido, que el hijo del expresidente de la Generalitat usó para la compra de un hotel en Canarias.

También investigará la supuesta participación de Oleguer en sociedades en las que algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda. Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, que son competencia de la Audiencia Nacional por haberse cometido en el extranjero y porque la defraudación puede producir una grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional.

Según informaron fuentes jurídicas, Podemos y Guanyem han recurrido la decisión del juez para oponerse a ejercer una acusación conjunta y rechazan la cuantía de la fianza por considerarla muy elevada. También manifiestan al juez su opinión contraria a la admisión parcial de la querella, sólo en la parte que tiene que ver con la actuación de Oleguer Pujol.

En ese sentido, piden a Pedraz que se dirija al juez central de instrucción número uno de de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y al número 31 de Barcelona, que también investigan a miembros de la familia Pujol, para pedirles que se inhiban a favor suyo. El juez ya ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de este recurso.

En su auto de primero de mes, Pedraz no descartaba que al final alguno de los asuntos investigados en Barcelona acabaran siendo competencia de la Audiencia Nacional, pero señalaba que debe ser el juez instructor el que deberá inhibirse si llega el caso.

En su auto, el juez señalaba que son susceptibles de investigar los hechos referidos a la obtención de una importante cantidad de dinero (ocho millones de euros), cuyo origen es “desconocido por parte del querellado Oleguer Pujol Ferrusola procedente de las Islas Vírgenes, territorio considerado como paraíso fiscal por la OCDE, para la adquisición de un hotel en las Islas Canarias”.

Anunciaba que investigaría su participación en sociedades en las que algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda, otras sociedades en las que participa o figura como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief UA, constituida en Países Bajos y que suelen tener matrices en las Antillas holandesas.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y de otro posible contra la Hacienda Pública, y tratándose de un delito cometido en el extranjero y con grave daño a las arcas del Estado, son competencia de la Audiencia Nacional.