La obtención de los documentos necesarios, por los que cada persona pagaba unos 5.000 euros, les permitía establecerse en España en base a conocida Ley de la Memoria Histórica, para, una vez aquí, solicitar la reagrupación de sus familiares residentes en Colombia como “familiares de ciudadanos comunitarios”.

En un comunicado, la Policía dice que las investigaciones comenzaron a principios de 2012 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante sospecharon de algunos ciudadanos de origen colombiano que, al parecer, estarían utilizando partidas literales de nacimiento de españoles ya fallecidos para hacerse pasar por familiares de éstos y, de este modo, obtener la nacionalidad española.

Tras las primeras averiguaciones y numerosos contactos con los Consulados de España en Cartagena de Indias y Bogotá y con la colaboración de la Consejería de España en Colombia, la Policía española consiguió averiguar el “modus operandi” seguido por la organización tanto en Colombia como en España.

Conseguía en diferentes Registros Civiles españoles certificados literales de nacimiento de ciudadanos españoles que emigraron hace años a Colombia y que ya hubieran fallecido.

Una vez que tenían en su poder los certificados de nacimiento, conseguían documentos colombianos originales, -cédulas de identidad, partidas de nacimiento y partidas de bautismo-, en los que inscribían datos de filiación falsos que acreditaran el vínculo familiar entre el ciudadano español fallecido y el colombiano.

Los documentos tenían una apariencia totalmente legal ya que el soporte utilizado era original, lo que dificultaba su detección por parte de las autoridades. La falsedad consistía en inscribir en dicho soporte original filiaciones falsas de los ciudadanos a nacionalizar.

Una vez en posesión de dichos documentos, la organización inscribía a las personas interesadas en el Registro Civil del Consulado español de Cartagena de Indias, en Colombia, con la finalidad de recuperar la nacionalidad española, de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil o adquirirla, conforme a la Ley de Memoria Histórica.

Una vez inscritos en el Registro Civil español, solicitaban el pasaporte español y se establecían fraudulentamente como nacionales españoles. Tras afincarse en España, además, solicitaban la reagrupación de otros ciudadanos colombianos de su familia, en calidad de familiares de ciudadanos comunitarios

Este proceder fraudulento, según destacó la Policía, derivó en casos llamativos como que un emigrante español había tenido veinte hijos con nueve mujeres diferentes.

Se abrieron un total de 357 expedientes que concluyeron con la orden de tramitación de la extinción de la nacionalidad a los ciudadanos colombianos investigados. Hasta el momento actual se ha extinguido la nacionalidad a 242 ciudadanos colombianos que la habían obtenido fraudulentamente, retirándoseles la documentación que les permitía residir en España, tanto a ellos como a sus familiares.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Alicante y la Consejería de Interior de España en Colombia. En la misma han colaborado también la Sección de Análisis Operativo de la Comisaría General de Policía Judicial y la Sección de Nacionalidades de la División de Documentación.