La compañía americana que comenzó a operar en Madrid el pasado 23 de septiembre, agotó el viernes el plazo ofrecido por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para presentar las licencias y permisos requeridos para que su actividad pudiera ser considerada lícita.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid abrió un expediente a la empresa, y anunció que lo hará a los conductores que trabajen con ella, pudiendo ser sancionados con multas que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros, y la inmovilización del vehículo en caso de reincidencia.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, aclaró a través del comunicado que los taxistas “agradecemos a la Administración que esté emprendiendo acciones legales, pero les pedimos que sean rigurosos y ágiles a la hora de aplicar las sanciones correspondientes”.

“No podemos permitir que pase como en Barcelona, que se están resolviendo ahora los expedientes abiertos el pasado abril”, afirmó, añadiendo que “la Consejería se comprometió en una reunión mantenida este lunes a cerrar los procesos sancionadores que se abran en un plazo máximo de 4 semanas, y esperamos que realmente lo cumpla”.

Por otra parte, el colectivo del taxi defiende que tanto Uber, como sus conductores, además de ser sancionados por la Consejería de Transporte, deben ser denunciados ante Economía y Hacienda, “al tratarse de una actividad de economía sumergida que opera exenta de pagos y tributos; ante la Seguridad Social, porque los conductores no están adscritos a su régimen, y ante la Dirección General de Tráfico, al no poseer ningún tipo de carné que les habilite para el transporte de viajeros”.

La manifestación está convocada el próximo martes, 14 de octubre, a las 11.00 horas, con salida desde la glorieta de Atocha, y finalización a las 13.00 horas en la plaza de Cibeles. La marcha será encabezada por varios vehículos, y se prevé la incorporación de taxistas de otras ciudades de España.

El pasado mes de julio, unos 4.000 taxistas, según los convocantes, de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Valladolid ya se manifestaron para pedir al Gobierno que frenara la entrada de las centrales de reserva de Prestaciones de Servicio de Transporte, como Uber.