Dijo que “no cabe ya una utilización sesgada de las certificaciones patronales y que en el Padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación“.

Explicó que un gobierno del PP aprobó una resolución el 25 de julio de 1997, junto con el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Administraciones Públicas, en la que se especifica que “la inscripción padronal es completamente independiente de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”.

“En consecuencia, las infraviviendas pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón, ya que la realidad es en ocasiones así”, dijo Elvira.

Informó de que “la correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a una dirección ficticia en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes”.

Indicó que en el punto 5 de esta resolución se establece que “el ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de residencia de extranjeros, ni es competente para controlarlos” y señaló que “su obligación es reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal y no debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”.