Lo dijo ante los medios de comunicación después de entregar al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, la Memoria de la Fiscalía del año anterior.

El fiscal aseguró que no hay una instrucción específica de la Fiscalía sobre esos delitos, pero sí una "preocupación" por la corrupción que se plasma en la necesidad de perseguirlos de forma "firme y rigurosa".

Los delitos de corrupción, aseguró, suponen que las arcas públicas dejan de recibir unos recursos que irían a los Presupuestos Generales del Estado, que están sufriendo "severos recortes", por lo que existe una repercusión clara en el interés general.

Sin embargo, Torres-Dulce precisó que el Código Penal no está hecho para ser "ejemplar" y que las medidas cautelares deben tomarse siempre con el debido rigor y dentro de los supuestos establecidos por la jurisprudencia, es decir, en caso de delitos graves, cuando la persona pueda sustraerse a la acción de la Justicia o incurrir en manipulación de pruebas.