En rueda de prensa, el presidente de CEJ, Francisco Javier Franch Carmona, exigió hoy que se prohíban estas páginas web o bien se regule su actividad, de forma que "se equipare la presión fiscal" con la que soportan las salas privadas y ambas puedan "competir con las mismas armas".

Esta organización también solicita el cese inmediato de la publicidad de estas compañías, que aparece en páginas web destacadas de medios de comunicación, en televisión y en otros soportes de máxima difusión, como las camisetas de equipos de fútbol.

Además, permiten que "niños y adolescentes jueguen dinero sin ningún tipo de control, frente al juego legal, sometido a rigurosos controles".

Según datos de la CEJ, el juego privado en España (bingos, casinos y máquinas tragaperras) paga 2.000 euros de impuestos al año; de esta cantidad, 900 millones proceden de los bingos. Si se regulara la actividad de las páginas web de juego, las arcas públicas recaudarían en torno a 100 millones adicionales.

La CEJ calcula que el juego "on line" supone una cuota de mercado de entre el 7% y el 8% y mueve en torno a 11.000 millones de euros al año. Además, mientras en 2009 las ventas del juego tradicional cayeron un 14%, las del juego por Internet aumentaron más del 20%.

El gerente de la CEJ, Juan José Sánchez Colilla, cifró en 2.400 millones de euros la cantidad que las empresas de juego privado dejan de ingresar por culpa de las actividades de estas web. En el caso de los bingos, "estamos perdiendo un 5,47% de las ventas", lo que supone en torno a 194 millones de euros, "una lesión importante, económicamente hablando", dijo el gerente de la CEJ.

Esta es, precisamente, la cantidad que la confederación reclama a las administraciones en su denuncia. De no prosperar, la CEJ no descarta presentar una querella.

Desde su punto de vista, "la apatía de todas las administraciones para controlar el juego ilegal está causando un enorme daño a la sociedad".

"Aunque es complejo determinar quiénes están detrás de este tipo de empresas, su actividad se paralizaría prohibiendo que hagan publicidad, bloqueando los dominios que utilizan o criminalizando a las empresas que aceptan este tipo de publicidad", dijo Sánchez Colilla. "Es posible" frenar su actividad, pero "falta voluntad", añadió.

Las empresas de bingo en España mantienen 12.000 empleos, mientras que el juego por Internet "prácticamente ninguno", concluyó.