En declaraciones a Servimedia, Arsuaga tachó de “cicateras” y de “rácanas” las políticas de algunos ayuntamientos de querer excluir a los inmigrantes ilegales del padrón “y del acceso a los servicios básicos, como la salud y la enseñanza”.

Asimismo, subrayó que “el empadronamiento lo tienen que hacer por ley”, y afirmó que “no podemos dejar de valorar lo que los inmigrantes han aportado y aportan a la economía española”.

En su opinión, “es muy posible que los ayuntamientos tengan problemas presupuestarios para poder hacer frente a los sistemas de salud y enseñanza”, y añadió que “este es un problema urgentísimo para que lo aborden con las comunidades y el Gobierno central”.

Ahora bien, si se aumenta la financiación hay que garantizar que el dinero se destina a los centros que prestan servicios a la inmigración, señaló.

De igual modo,, Arsuaga apuntó que evidentemente esta polémica se plantea “en una situación de crisis de la economía española y como “nuevas estrategias de cara a las elecciones de 2010 y 2011”.

Por ello se refirió a la huelga que las asociaciones de inmigrantes preparan en Francia e Italia, y se preguntó “cuántos niños y personas de la tercera edad se quedarían sin recibir atención” si esta se llevase a cabo en España.

“No puede ser que siempre la paguen los más débiles”, subrayó, y recordó que todo el mundo debe tener acceso a los servicios básicos “en una sociedad que se dice democrática y solidaria”.