En declaraciones a Servimedia, Caja desdeñó la fórmula con la que el Gobierno ha desarrollado la disposición adicional 18 de la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Enseñanza (Lomce): que el Ejecutivo pague la matrícula en los centros privados que ofrezcan educación con el castellano como lengua vehicular y luego descuente el dinero de la asignación a Cataluña..

Según argumentó, estos centros privados son muy escasos, puesto que no hay ninguno en la ciudad de Tarragona ni en la provincia de Gerona, y además la matrícula puede ascender a 3.000 euros y la estancia a mil semanales, y este dinero han de adelantarlo los padres.

El presidente de Convivencia Cívica desmintió también la cifra de familias solicitantes de esta educación en castellano que ha dado la Consejería de Educación que dirige Irene Rigau, quien ha dicho que sólo una veintena de ellas se han acogido a la nueva posibilidad que ofrece la Lomce. "Por mis manos han pasado 200 solicitudes", aseguró.