La investigación correrá a cargo de la Comisión Federal de Ética y Garantías, como establecen los estatutos del PSOE.

Por encargo expreso del secretario general, Pedro Sánchez, la instructora del proceso será Susana Sumelzo, responsable de Administraciones Públicas de la dirección socialista.

Los implicados tienen ahora unos días de plazo para reunir la documentación que quieran aportar en sus alegaciones de defensa, y según los estatutos tienen derecho a ser escuchados por la dirección.

El proceso puede durar un máximo de dos meses y el propio Sánchez ha expresado el compromiso de expulsar a cualquier militante que haya hecho un uso irregular de esas tarjetas.