En cuanto a la subida interanual, con la tarifa media de este septiembre, el usuario medio paga un 7,8% más que en el mismo mes del año pasado, puesto que “las tarifas ya son mucho más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero”, indicó Facua en una nota.

Así, la organización demandó al Gobierno una intervención “contundente” en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética. La asociación también reclamó una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir “la puerta giratoria mediante la que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías”.

De igual forma, Facua criticó que tras la suspensión de la subasta Cesur el nuevo modelo sea “aún peor que el anterior”, ya que “da aún más libertad a las eléctricas para subir los precios mediante prácticas oligopolíticas e impide a los usuarios conocer las tarifas que pagaran hasta que reciban la factura”.

TARIFAS

En los nueve primeros meses del año, el precio medio mensual por cada kWh consumido ha sido de 13,93 céntimos en enero, 12,76 en febrero, 12,76 en marzo (tras la refacturación que produjo al descontar 3,03 céntimos a cada kWh consumido durante el primer trimestre),12,12 en abril, 14,17 en mayo, 15,22 en junio, 14,83 en julio, 15,37 en agosto y 16,67 en septiembre.

En cuanto a las tarifas fijas por cada kW de potencia contratada, en enero estaba en 3,78 euros, el precio vigente desde agosto de 2013, cuando Industria aprobó una subida del 62,8% con respecto a los 2,32 euros establecidos desde abril de 2012. En febrero, el Gobierno volvió a subir la tarifa otro 17,9%, situándola en 4,46 euros por kW, por lo que “el incremento acumulado del precio del kW en poco más de un año ha sido del 92,2%”.

DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA

El pasado mes de abril, Facua denunció al Gobierno ante la Comisión Europea al considerar que la nueva fórmula para fijar las tarifas eléctricas, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que sustituye a la Tarifa de Último Recurso (TUR), vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. La asociación espera “que Bruselas intervenga expedientando a España y se produzca la paralización del caótico modelo tarifario impuesto por el Gobierno”.

Igualmente, Facua advirtió de que el establecimiento de tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración en un sistema de telegestión “que ni siquiera se encuentra aún validado” genera una “clara discriminación” entre los consumidores “a los que se les aplican condiciones diferentes”. A ello se suma, según Facua, la “falta de transparencia” sobre los precios, que “no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría”.

Por otro lado, Facua recogía en su denuncia que la forma de cálculo del precio de la electricidad aprobada por el Gobierno vulnera elementos de carácter básico en materia de protección de los consumidores en la UE, ya que “las tarifas varían de forma sustancial sin que las comercializadoras les remitan información al respecto con anterioridad”.