La entidad hace esta consideración en su IV Mapa de la situación de los centros de mayores del sector solidario en España y analiza el panorama por comunidades autónomas, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este miércoles.

Así, el documento, al que ha tenido acceso Servimedia, está concebido para plasmar la situación de los centros de mayores sin ánimo de lucro exixtentes en este país.

El texto sostiene, concretamente, que "está prácticamente generalizada la dinámica de asignar a los dependientes índices de dependencia inferiores a los que realmente padecen, recayendo así sobre los centros el sobrecoste que implica atender las necesidades reales de estas personas".

Además, añade, en ocho comunidades autónomas se sobrepasa el plazo establecido de seis meses para emitir las valoraciones, que son las que dan acceso a los usuarios a los servicios que requiere su situación.

En esta misma línea, el documento afirma que Andalucía retoma ahora la actividad de valoración, "después de haber estado parada durante los últimos dos años".

DEUDA

En cuanto a la deuda de las administraciones con los centros que atienden a personas dependientes, el mapa indica que "parece que cede ligeramente". De esta forma, reconoce, "la presión que los centros de mayores de gestión solidaria han estado soportando desde que la crisis económica arreciara en 2012", es ahora menor.

No obstante, agrega Lares a renglón seguido, esta situación no es general, ya que en Andalucía la Junta acumula una deuda de 52 millones de euros con el sector de la Dependencia, si bien la Administración ha hecho pública su voluntad de liquidarla a principios del otoño.

Del mismo modo, en Canarias están pendientes de cobrar la factura de cuatro meses, "que hace que planee sobre los centros el cierre de camas y la reducción de puestos de trabajo".

Por su parte, las residencias de Lares Comunidad Valenciana están también a la espera de cobrar casi cuatro millones de deuda, pendiente desde el mes de julio. En Baleares, tienen que cobrar las plazas concertadas de este ejercicio y la factura asciende a 180.000 euros.

Con respecto a la ocupación de plazas, Lares afirma que es "desigual" y que las concertadas que no se cubren suponen para los centros "un foco importante de pérdida de recursos económicos".

El precio de estas plazas es, siempre según el mencionado Mapa Lares, "dispar". Así, los importes más bajos (precio medio diario por un dependiente de grado II en residencia) se registran en Extremadura (40 euros), Cantabria (40,64 euros) o Asturias (42,3 euros). En la franja media se sitúan Andalucía, Valencia y Murcia con unos 50 euros día. Los importes más altos los reciben los centros de Navarra (60 euros /día) y Euskadi con 88 € día en Guipuzkoa.

En otras comunidades como Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha los precios están congelados desde 2012, algo que sucede también en Castilla y León, Valencia y Murcia, pero en estas autonomías desde 2009.

El informe señala que han aumentado el índice equivalente al IPC en Cantabria, Asturias y Galicia y que en Madrid y Canarias los precios bajaron "sustancialmente" en el ejercicio 2013, en un 14% y en un 10%, respectivamente. En Euskadi y La Rioja ha habido un ligero aumento del precio por plaza concertada.

Finalmente, la Federación Lares indica que son muchas las asociaciones las que advierten de que estos precios están por debajo del coste real del servicio, lo que, junto con las valoraciones a la baja de los niveles de dependencia, "ponen a los centros de gestión solidaria en la tesitura de tener que asumir, de forma unilateral, una función solidaria y de beneficencia que corresponde inequívocamente a las administraciones".