En su auto, el juez remarca que el preso mantiene "una adhesión plena a los postulados de la organización armada ETA y de apoyo a la actividad terrorista" y que no ha realizado autocrítica ni ha mostrado arrepentimiento por los delitos cometidos, que le acarrearon una condena de más de 320 años de cárcel.

Además, el magistrado menciona el informe médico del centro penitenciario, que señala que "el interno mantiene su negativa a realizar tratamiento antirretroviral, así como al resto de tratamiento propuestos".

Iparagirre padece, según otro informe del Instituto de Medicina Legal, "infección por VIH, estadio C3, sin tratamiento por voluntad propia", pero "se mantiene estable tanto desde el punto de vista clínico como inmuno-virológico, lo que le permitiría llevar una vida prácticamente normal dentro del centro penitenciario".

El juez recuerda que se "respeta la voluntad del interno, en tanto a asumir o no tratamiento médico", aunque la Administración Penitenciaria, en su "obligación de garantizar y velar por la salud e integridad del interno", le ha ofrecido un tratamiento de antirretrovirales con el que "el pronóstico de enfermedad mejoraría sensiblemente".

"Por tanto, en atención a lo expuesto, no cabe acceder a lo pretendido por el interno toda vez que no se dan los presupuestos necesarios para la aplicación del principio de flexibilización", razona el magistrado en su auto, pero aclara que si la enfermedad se agravara el equipo médico del centro penitenciario y la Junta de Tramiento deberían valorar "la posibilidad de modificar la actual clasificación penitenciaria".