La denuncia se debe a que el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat creó el día 19 un fichero de registro de participación en consultas populares no refrendarias.

Para SCC, la elaboración de este fichero paralelo a partir de datos del Registro de Población de Cataluña sería ilegal, ya que lo ciudadanos han cedido sus datos para fines estadísticos, no electorales. Por ello, se vulnerarían la Ley de Estadística de Cataluña (artículos 47 y 52) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (artículos 11 y 21).

Según el jurista Alejadro Rusiñol, perteneciente a la SCC, el secreto estadístico obliga a que los datos personales no puedan ser utilizados de manera que, directa o indirectamente, se pueda deducir una persona concreta, y “está absolutamente prohibido realizar consultas repetidas y coordinadas con el objeto de aislar un dato individual”.

Tampoco está permitido el uso de estos datos por parte de personas ajenas a la administración pública, y se incumpliría el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas sobre la confidencialidad estadística.

La vicepresidenta tercera de SCC, Susana Beltrán, concluyó que la creación de este fichero “supone un grave atentando a la protección de los datos personales, exponiendo a los ciudadanos a que los datos personales relevantes pasen de manera ilegal a un fichero que tendrá una difusión que irá más allá del funcionamiento interno de la administración”.