El Gobierno municipal se ampara para ello en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000 y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.

La prorroga, puntualizó, supone la obligación del contratista de continuar con la ejecución en los mismos términos y condiciones económicas, técnicas y operativas estipuladas en la adjudicación realizada en noviembre de 2002 por un plazo de 10 años, prorrogables por dos más.

De esta forma, el Ayuntamiento garantiza que FCC, que en principio se había negado a esta prórroga, siga prestando el servicio hasta que se adjudique el contrato para los próximos años en los 14 distritos de la periferia de la ciudad.