Estas son algunas de las conclusiones de un informe financiado por la UE y elaborado por un equipo de investigación en el que participa personal experto de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Begoña Marugán Pintos, del departamento de Análisis Social de la UC3M, sostiene que “estadísticamente se desconoce la dimensión del problema: por su naturaleza delictiva, ilegal y transnacional; por su confusa definición; por la escasa legislación (se tipifica en el Código Penal en 2010); y por las escasas herramientas de recogida de la información de que disponemos”.

El perfil de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en España, es, según este estudio, una mujer adulta y mayoritariamente procedente de Rumania, Brasil, Paraguay y Nigeria.

Otra de las autoras del informe, Carmen Pérez González destacó que "la legislación exclusivamente represiva es inapropiada y todavía hay pocas políticas públicas dirigidas a la prevención y la protección de las víctimas, aunque este enfoque empieza a utilizarse cada vez más y anima a la esperanza”.

Por esto, aboga por adoptar un nuevo protocolo marco que incluyera un conjunto de medidas destinadas tanto a prevenir y perseguir la trata como a proteger, asistir y compensar a las víctimas de manera efectiva.

El estudio incluye un decálogo de recomendaciones para afrontar este problema; entre ellas mejorar los mecanismos de cooperación entre administraciones, revisar la tipificación actual de este delito en el Código Penal (art. 177), comprobar el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros o de los pasos fronterizos para evitar una posible doble victimización de las personas tratadas, o redactar un manual para los profesionales de los medios de comunicación social.