En declaraciones a Servimedia, el presidente de esta asociación de víctimas de errores judiciales, Miguel Allué, valoró así los errores que rodean el caso del recién capturado pederasta madrileño.

Según reconoció el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díaz, los agentes que han perseguido durante seis meses al pederasta no sabían que tenía antecedentes penales por agresión sexual, ya que en su ficha policial no aparecía ese delito y, por lo tanto, no estaba fichado como pederasta.

En este sentido, el representante de este colectivo puso en duda la fiabilidad de las bases de datos policiales y aseguró que es necesaria “más flexibilidad informativa” para acceder al historial completo de un delincuente. En consecuencia, Allué dijo no entender cómo con las nuevas tecnologías no se ha puesto solución a este problema.

REHABILITACIÓN "OBLIGATORIA"

El depredador sexual de Ciudad Lineal, que estuvo encarcelado siete años en la década de los 90 por agredir sexualmente a una niña, no siguió el tratamiento específico de agresores sexuales, ni tampoco el psicológico. Estos tratamientos son recomendables, pero no obligatorios, algo que para Allué es “indignante”.

A su juicio, que el pederasta fuera puesto en libertad sin haber recibido la terapia sexual, denota que “dentro de los centros penitenciarios no hay ningún tipo de rehabilitación” y únicamente son “cortijos de los directores”.

Asimismo, el representante de este colectivo de afectados por la Justicia, tachó de “demagogia” y “mentira” la estructura general que rige las prisiones en España. Entre las medidas a tener en cuenta por estas instituciones, reclamó que los tratamientos de rehabilitación sean “obligatorios”.

Por último, instó al Gobierno que “tome cartas en el asunto políticamente” para que no se produzcan fallos de este tipo, puesto que, en casos como el del Antonio Ortiz, “hay que tener mucho cuidado” y “no hacer las cosas con alegría”.