En el encuentro, entre responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y representantes de CCOO, UGT y CSI-F, se puso de manifiesto que el próximo año los funcionarios también verán congelados sus sueldos.

Además, Hacienda también ha confirmado a los sindicatos que se procederá al pago del 25% de la paga extra suprimida a los funcionarios, según explicaron a los periodistas representantes de los trabajadores a la salida de la reunión.

Los sindicatos también han sido informados sobre la subida de la tasa de reposición del 10% al 20% en el caso de los servicios esenciales como educación, sanidad o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por todo ello, los sindicatos no descartan que puedan llevarse a cabo movilizaciones ante lo que consideran un nuevo recorte de sus derechos.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, señaló que “el Gobierno ha dado un nuevo portazo a que la recuperación llegue a los empleados públicos”.

”Nuevamente congelación salarial y van cinco años consecutivos de perdida de poder adquisitivo”, lamentó Borra, quien agregó que la devolución del 25% de la extra suprimida en 2012 lo hacen porque “no les queda más remedio” ya que “lo estamos ganando día sí día también en todos los tribunales”.

Respecto a la oferta de empleo público, aseguró que vuelve a ser “total y absolutamente insuficiente”, ya que sigue en el “0% en términos generales” y sube al 20% en servicios esenciales, “lo que quiere decir que de cada 10 médicos, maestros o policías que se jubilen solamente se van a cubrir dos plazas, con lo que se van a perder ocho puestos de trabajos”.

“Lo vamos a luchar”, dijo el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, quien quiso dejar claro que “no descartamos ninguna opción”, al ser preguntado por la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones.

Por su parte, Francisco García, coordinador del Área Pública de CCOO, destacó que las propuestas del Gobierno son “radicalmente y nítidamente rechazables”.

"No aceptamos que en un escenario que se define de recuperación económica los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo, ni que se pierda empleo público" y "calidad" de los servicios, denunció.

Además, tildó de "burla" que se vaya a devolver el 25% de la extra de 2012, ya que “es la parte devengada que estamos ganando en todos los Tribunales”. Por ello, advirtió que “si el Gobierno no cambia el rumbo” se estudiarían “medidas de carácter movilizador”.

En esta línea, el responsable de FSP-UGT, Julio Lacuerda, señaló que las propuestas del Gobierno “merecen contestación”. “Nos parece que cinco de años de soportar estas políticas es más que suficiente”, dijo Lacuerda, para agregar que los más de 2,5 millones de empleados públicos “se van a plantar”.