El decreto salió adelante por 196 votos a favor, 12 en contra y 111 abstenciones. Además, el Pleno acordó por unanimidad tramitar la norma como proyecto de ley, con lo que los grupos podrán presentar enmiendas parciales al texto.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue el encargado de defender la propuesta del Gobierno, y señaló que “afrontamos una recuperación” económica que “se consolida, pero que debemos fortalecer y alimentar con reformas estructurales como ésta”.

“Es preciso que la economía española siga en ese proceso de desapalancamiento”, dijo el ministro, quien en todo caso reconoció que “en un contexto de baja inflación es aún más lento, difícil y produce efectos depresivos de la actividad”. Por eso, agregó, “modernizar el régimen de insolvencias es fundamental”.

Varios grupos parlamentarios plantearon la necesidad de aunar en una sola ley todos los cambios que se han introducido en materia concursal.

Entre ellos se encontraba el PSOE, cuyo portavoz en el debate, Jesús Caldera, destacó que “se ha legislado de forma desordenada”, por lo que es imprescindible que se haga una “unificación” normativa.

Caldera señaló que su grupo está a favor de algunas de las medidas que recoge el decreto, aunque subrayó que el texto necesita “mejoras”. Por ello se abstendrían en la votación

Favorable a la norma se mostró el responsable de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez-Llibre, quien hizo una valoración positiva en general del texto pues es importante “salvar la continuidad” de empresas. En todo caso, dijo que en algunos aspectos es “insuficiente” y apuntó que se harán propuestas de mejora durante su tramitación como proyecto de ley.

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, explicó que su grupo considera “básicamente adecuado” el contenido de la norma, aunque criticó que “viene con bastante retraso” y que su alcance es “excesivamente limitado”.

En la misma línea se pronunció el portavoz de Economía de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien preguntó “por qué se ha tardado tanto” en impulsar medidas en esta línea porque “hay miles de empresas que ya han desaparecido”.

“Da la sensación de que ponemos el tapón en la botella cuando buena parte de la leche ya se ha derramado”, dijo Anchuelo, quien abogó además porque estas medidas para combatir el sobreendeudamiento se extiendan a las personas físicas.

El diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela hizo uso del turno en contra en el debate, para señalar que esta norma favorece la actuación de fondos buitre en España, supone un “alto riesgo” para la economía y “sienta las bases para una nueva crisis en el sector financiero”.

Por su parte, desde las filas del PP, Vicente Martínez Pujalte defendió el texto porque servirá para evitar el “achatarramiento” de la economía productiva española.

CONTENIDO NORMA

Esta norma completa las medidas para favorecer la reestructuración y refinanciación de las deudas empresariales aprobado el marzo. Con este decreto se amplían las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores "disidentes" y, en particular, a los acreedores privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor.

Respecto a los créditos privilegiados, sin modificar su clasificación, se crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación para la extensión del convenio, según se trate de acreedores laborales, públicos, financieros o el resto.

Los acreedores privilegiados, tanto generales como especiales, mantienen su capacidad de adhesión voluntaria al convenio, pero se introduce la posibilidad de que se puedan extender los efectos del convenio a los acreedores privilegiados "disidentes".

La condición es que voten a favor del mismo acreedores que representen el 60% o el 75% del pasivo de cada una de las clases de créditos, dependiendo de las medidas a aplicar.

DEUDORES HIPOTECARIOS

Por otra parte, en una disposición transitoria en el decreto de modificación la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva.

De esta manera, el Gobierno da cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, que consideraba que la legislación aprobada por el Gobierno del PP en materia hipotecaria situaba en una posición de desigualdad al deudor.